Notas de prensa
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semFYC advierte de los riesgos sanitarios de dejar a los inmigrantes sin atención continuada
Restringir su atención sanitaria a la vía urgente puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis
Subraya que hay que distinguir entre los extranjeros que viven en España, aquellos con rentas altas que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado "turismo sanitario", y los inmigrantes con rentas bajas, que requieren una asistencia sanitaria pública
Apuesta por llevar a cabo actuaciones que corrijan la ineficiencias del SNS (gasto hospitalario desproporcionado, uso de medicamentos con escaso valor terapéutico, empleo de tecnologías no necesarias, etc)
Madrid, 26 de abril de 2012.- La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que representa a unos 20.000 profesionales de Atención Primaria, manifiesta su rechazo a la decisión ministerial de limitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes "sin papeles". Desea además advertir de los riesgos sanitarios de dejar a los inmigrantes sin el acceso a una atención continuada, ya que restringir su atención a través de las urgencias, puede generar mayores gastos y dificultar el control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis.
Estos profesionales recuerdan que no todos los extranjeros que viven en España se encuentran en la misma situación, por lo que es preciso distinguir entre estos dos tipos de inmigrantes:
Aquellos que provienen de la Unión Europea (UE), que realizan los trámites pertinentes y siguen viniendo a España y que, según el acuerdo que se establezca con sus países de origen, recibirán la asistencia precisa que será abonada por uno u otro Estado. En definitiva, este grupo son los usuarios del llamado "turismo sanitario". Aunque el gasto sanitario provocado por esta práctica precisa de mejorar los mecanismos de facturación, tiene fácil solución a través de acuerdos entre los países para que todos los ciudadanos dispongan de la oportuna cobertura sanitaria.
Otra situación bien distinta es la de aquellos inmigrantes "en situación administrativa irregular" que provienen mayoritariamente de países pobres y que su principal objetivo es acceder al mercado laboral y que al no disponer de permiso de trabajo acaban desarrollando actividades en la economía sumergida (aunque pagan impuestos como el IVA, que contribuyen a financiar por vía de los presupuestos generales del Estado la sanidad, la educación, las infraestructuras…).
Con la reforma de la normativa se quiere mantener únicamente el acceso gratuito a menores, embarazadas y a las urgencias. La atención urgente a niños y a embarazadas es una atención de mínimos, que puede suponer acumulación de la mayor parte del gasto, ya que la atención hospitalaria es más cara que la de Atención Primaria (AP). Al dejar fuera de la atención normalizada a los inmigrantes "irregulares", se produce una situación de falta de atención en patologías crónicas, que aunque no son frecuentes en este colectivo ocasionarán una grave situación de indefensión a los inmigrantes que padezcan estas patologías. Asimismo, un control inadecuado de estas enfermedades acabará ocasionando complicaciones, que finalmente precisarán ingresos hospitalarios y generarán un mayor gasto final.
Los inmigrantes, menos frecuentadores que los autóctonos
Según diversos estudios nacionales e internacionales, realizados en el ámbito de la AP y Hospitalaria, los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos. Algunas de las causas que explican este hecho es que la mayoría de inmigrantes "irregulares" son jóvenes y sanos (especialmente los de los países pobres). En general, los datos muestran que los inmigrantes están usando y gastando en la Sanidad Pública mucho menos que los españoles.
Por todos estos motivos, semFYC cree que con el actual RD se excluye a un porcentaje de la población que vive en España de la asistencia sanitaria, que es un derecho humano básico. De esta manera provocará consecuencias negativas en muchos niveles:
Los principales perjudicados van a ser los inmigrantes "en situación administrativa irregular" que desarrollen algún tipo de patología que precise un seguimiento crónico, o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas.
El desarrollo de estas enfermedades acabarán perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades
El ahorro potencial será muy bajo, ya que los principales gastos son hospitalarios, los cuales pueden verse incrementados como hemos dicho previamente.
Puede dificultarse el control de distintas enfermedades transmisibles, como la tuberculosis u otras infecciones, lo cual podría perjudicar a toda la sociedad.
Plantearán importantes problemas éticos en los profesionales sanitarios que no podrán atender adecuadamente a estos pacientes, muchos de los cuales, además, pertenecen a colectivos socialmente desfavorecidos.
semFYC desea recordar que:
El SNS español es de los más eficientes de los países desarrollados y su principal problema es el de la infra-financiación, especialmente de la AP.
El SNS tiene varias ineficiencias. como el gasto hospitalario desproporcionado en ocasiones, el uso de fármacos con bajo valor terapéutico, el empleo de tecnología de última generación muy costosa y en ocasiones no necesaria, el exceso de medicalización, la ausencia de economías de escala en la adquisición de material sanitario, etc.
Por todo ello, esta sociedad científica considera que resulta más necesario reorientar el esfuerzo hacia estas actuaciones que se pueden traducir en importantes mejoras económicas, antes que privar de la asistencia a un colectivo de la población, máxime teniendo en cuenta que son los que tienen mayor riesgo de enfermedad, de exclusión social y que están condenados a sobrevivir en la economía sumergida.
Estos profesionales recuerdan que no todos los extranjeros que viven en España se encuentran en la misma situación, por lo que es preciso distinguir entre estos dos tipos de inmigrantes:
Aquellos que provienen de la Unión Europea (UE), que realizan los trámites pertinentes y siguen viniendo a España y que, según el acuerdo que se establezca con sus países de origen, recibirán la asistencia precisa que será abonada por uno u otro Estado. En definitiva, este grupo son los usuarios del llamado "turismo sanitario". Aunque el gasto sanitario provocado por esta práctica precisa de mejorar los mecanismos de facturación, tiene fácil solución a través de acuerdos entre los países para que todos los ciudadanos dispongan de la oportuna cobertura sanitaria.
Otra situación bien distinta es la de aquellos inmigrantes "en situación administrativa irregular" que provienen mayoritariamente de países pobres y que su principal objetivo es acceder al mercado laboral y que al no disponer de permiso de trabajo acaban desarrollando actividades en la economía sumergida (aunque pagan impuestos como el IVA, que contribuyen a financiar por vía de los presupuestos generales del Estado la sanidad, la educación, las infraestructuras…).
Con la reforma de la normativa se quiere mantener únicamente el acceso gratuito a menores, embarazadas y a las urgencias. La atención urgente a niños y a embarazadas es una atención de mínimos, que puede suponer acumulación de la mayor parte del gasto, ya que la atención hospitalaria es más cara que la de Atención Primaria (AP). Al dejar fuera de la atención normalizada a los inmigrantes "irregulares", se produce una situación de falta de atención en patologías crónicas, que aunque no son frecuentes en este colectivo ocasionarán una grave situación de indefensión a los inmigrantes que padezcan estas patologías. Asimismo, un control inadecuado de estas enfermedades acabará ocasionando complicaciones, que finalmente precisarán ingresos hospitalarios y generarán un mayor gasto final.
Los inmigrantes, menos frecuentadores que los autóctonos
Según diversos estudios nacionales e internacionales, realizados en el ámbito de la AP y Hospitalaria, los inmigrantes usan mucho menos el sistema sanitario que los autóctonos. Algunas de las causas que explican este hecho es que la mayoría de inmigrantes "irregulares" son jóvenes y sanos (especialmente los de los países pobres). En general, los datos muestran que los inmigrantes están usando y gastando en la Sanidad Pública mucho menos que los españoles.
Por todos estos motivos, semFYC cree que con el actual RD se excluye a un porcentaje de la población que vive en España de la asistencia sanitaria, que es un derecho humano básico. De esta manera provocará consecuencias negativas en muchos niveles:
Los principales perjudicados van a ser los inmigrantes "en situación administrativa irregular" que desarrollen algún tipo de patología que precise un seguimiento crónico, o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas.
El desarrollo de estas enfermedades acabarán perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando probablemente un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades
El ahorro potencial será muy bajo, ya que los principales gastos son hospitalarios, los cuales pueden verse incrementados como hemos dicho previamente.
Puede dificultarse el control de distintas enfermedades transmisibles, como la tuberculosis u otras infecciones, lo cual podría perjudicar a toda la sociedad.
Plantearán importantes problemas éticos en los profesionales sanitarios que no podrán atender adecuadamente a estos pacientes, muchos de los cuales, además, pertenecen a colectivos socialmente desfavorecidos.
semFYC desea recordar que:
El SNS español es de los más eficientes de los países desarrollados y su principal problema es el de la infra-financiación, especialmente de la AP.
El SNS tiene varias ineficiencias. como el gasto hospitalario desproporcionado en ocasiones, el uso de fármacos con bajo valor terapéutico, el empleo de tecnología de última generación muy costosa y en ocasiones no necesaria, el exceso de medicalización, la ausencia de economías de escala en la adquisición de material sanitario, etc.
Por todo ello, esta sociedad científica considera que resulta más necesario reorientar el esfuerzo hacia estas actuaciones que se pueden traducir en importantes mejoras económicas, antes que privar de la asistencia a un colectivo de la población, máxime teniendo en cuenta que son los que tienen mayor riesgo de enfermedad, de exclusión social y que están condenados a sobrevivir en la economía sumergida.
