Sevilla, 12 de Marzo de 2015.-En el marco de la jornada "Sensibilidad y equidad en el acceso al medicamento en Andalucía", celebrada en el Club Antares, pacientes, farmacéuticos y responsables de la gestión sanitaria se han dado cita para debatir sobre la equidad en la dispensación de medicamentos en el Sistema Andaluz de Salud (SAS) y acerca del acceso a los tratamientos en las enfermedades raras.

Las subastas de Andalucía han centralizado el debate como uno de los principales escollos en la  igualdad  del ciudadano andaluz, en el acceso al medicamento, respecto a los pacientes del resto de Comunidades Autónomas. Esta medida, puesta en marcha por la Junta de Andalucía en 2012 con el objetivo de ahorrar costes, supone dar  la  exclusividad de la fabricación y comercialización de una molécula a un solo laboratorio, pero la imposibilidad de algunos laboratorios adjudicatarios de las subastas –ya en su sexta convocatoria- de suministrar determinados fármacos, incrementa la oposición a la subasta por parte de pacientes, profesionales y responsables de la gestión sanitaria.

Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, ha destacado que esta iniciativa "sitúa a los pacientes andaluces en desigualdad respecto al resto de pacientes españoles.  Los pacientes andaluces no pueden elegir entre diferentes fármacos, pero pagan por ellos lo mismo que el resto de ciudadanos españoles". Además, Carmen Flores ha recordado que el hecho de que sólo se pueda dispensar y prescribir el fármaco adjudicatario de la subasta puede provocar problemas de adherencia  en los pacientes "ya que supone un problema si solo se dispone de un único fármaco" y que las sustituciones que requieren los medicamentos afectados por los desabastecimientos provocan confusión en los pacientes ya que "los continuos cambios en el medicamento desconciertan al paciente y pueden generar serios problemas de continuidad del tratamiento". Por todo ello, Carmen Flores ha solicitado a la Junta de Andalucía la paralización de las subastas "ya que van en contra de los intereses de los pacientes".

Por su parte, José Luis Márquez, presidente de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA) ha explicado que los farmacéuticos "nos encontramos con situaciones cada vez más frecuentes de desabastecimiento porque la empresa adjudicataria no tiene capacidad de abastecer a las farmacias". En estos casos son las compañías de genéricos que no participan en las subastas las que están solventado la situación, pero explica Márquez que el farmacéutico, se enfrenta a un dilema. "La legislación autonómica nos obliga a dispensar el medicamento adjudicatario de las subastas pero, en los casos de desabastecimientos, la ley nacional nos permite –previa información al paciente- sustituir el medicamento por otro con el mismo principio activo. Entendemos que es nuestra obligación dispensar el medicamento al paciente, pero no tenemos la certeza de que el SAS nos reembolse el medicamento sustituido". Como conclusión, Márquez ha subrayado que esta medida "limita la capacidad de gestión del farmacéutico y deteriora la calidad asistencial de los ciudadanos andaluces".

Por su parte, Carlos Lens, subdirector general de Calidad de los Medicamentos y los Productos Sanitarios, ha destacado que "los medicamentos subastados no son más económicos para el paciente, no producen el ahorro anunciado por La Junta de Andalucía, y atentan contra la igualdad del paciente en el acceso al medicamento, uno de los ejes  de nuestro sistema sanitario". Según los datos recogidos por IMS Health, la resolución de 2012 afectaba a 55 presentaciones, con las que el SAS confiaba en ahorrar 40 millones de euros, pero la cifra real fue de 9,3 millones, ya que un número importante de lotes quedó desierto. Asimismo, Carlos Lens ha subrayado que la aplicación de esta medida invadiría competencias estatales, motivo por el cual el Gobierno Central ha interpuesto los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional "de los que estamos a la espera de su dictamen, pero entendemos que protegerán la igualdad de derechos de los ciudadanos andaluces".