Madrid, 21 de abril de 2016.- Desde que comenzó la crisis, las farmacias del entorno rural viven una situación  agónica que podría llevar a muchas de ellas al cierre definitivo, una situación que podría afectar a los más de 14 millones de personas que viven en municipios de menos de 20.000 habitantes, dejando sin este servicio sanitario a los más de 750.000 habitantes que viven en municipios con poblaciones inferiores a 500 habitantes.

Para encontrar una solución a este problema, la Sociedad Española de Farmacia Rural, SEFAR, con la colaboración de Cícero Comunicación, convocó ayer el I Foro Conversaciones sobre botica, donde se dieron cita los responsables de Sanidad de los principales partidos políticos de nuestro país. El objetivo, exponer a los decisores las dificultades por las que está pasando la farmacia rural y reivindicar medidas que corrijan los desajustes que se están produciendo, principalmente económicos, y que están poniendo en riesgo la existencia de la asistencia farmacéutica en el entorno rural.

Frente a Francisco Javier Guerrero, presidente de SEFAR, y para escuchar sus propuestas y demandas, estuvieron D. José Ignacio Echániz Salgado, Secretario Ejecutivo de Sanidad en el PP, D. José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, D. Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, Dña. Ana Castaño Romero, responsable de Sanidad en Podemos y D. José Andrés Llamas, Secretario de Salud de IU en Madrid.

Después de casi noventa minutos de discusión y exposición de argumentos,  todos los ponentes que participaron en el debate coincidieron en valorar positivamente el modelo actual, aunque reconocieron que se ha llegado a un punto extremo en el que es preciso hacer algunas modificaciones para poder seguir garantizando el acceso universal a este servicio, sorteando las dificultades económicas.

Condicionantes de la farmacia rural

Entre los factores que condicionan la vulnerabilidad de la farmacia rural, Guerrero destacó, entre otros, la imposición de una retribución común, una mala localización, la tipología de la población a la que atienden, precariedad laboral, y la dependencia de sus ingresos, en un 90%-95%, de la dispensación de recetas. Para el presidente de SEFAR, se necesita un sistema que “garantice a estos establecimientos poder cubrir sus gastos fijos, y a sus titulares obtener unos ingresos netos equiparables a los de un farmacéutico de atención primaria, y recuerda que la facturación media de la farmacia rural es un 88,58% inferior a la de la farmacia media tipo”.

Las principales reivindicaciones de SEFAR se centran, por un lado, en la necesidad de evaluar a priori el impacto que puedan tener sobre las partes más débiles, en este caso las farmacias rurales, aquellas medidas que desde la Administración decidan tomarse como consecuencia de la crisis económica, y por otro, en aplicar un incremento de las aportaciones que reciben estas farmacias más vulnerables.

Para Guerrero, la situación en la que se encuentra la botica rural “responde, fundamentalmente, a un uso inadecuado de los recursos públicos. La farmacia rural constituye, en número, el 4,53% de la red de farmacias, sin embargo solo consumen el 1% de los recursos que aporta el Estado”. En su propuesta, SEFAR apela a una redistribución de los recursos públicos, pasando del 1% actual al 1,5%, ya que “en un sistema como el actual, regulado para garantizar el acceso a la prestación en condiciones de libertad e igualdad, ninguna farmacia debería cerrar por problemas económicos, y menos en el entorno rural, ya que son éstas las que garantizan la universalidad de la prestación”.

José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del PSOE en el Senado, asumió que el modelo retributivo “no es el adecuado para el contexto actual” y reconoció que a pesar de las dificultades que implica su cambio, “es necesario hacer reformas”. Así propuso, como primer paso imprescindible, establecer unos criterios, y determinar cuáles son las farmacias que están en riesgo de desaparecer y que son imprescindibles para la población, y a partir de ahí comenzar a trabajar”.

El portavoz socialista recordó que actualmente se destinan unos 2.500 millones al gasto en farmacia y reconoció que incrementar ese medio punto no comprometería el gasto público.

Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, admitió que “la contención del gasto se ha centrado en los medicamentos dispensados con receta y además se ha hecho de forma lineal, de modo que las grandes farmacias han podido aguantar, pero las pequeñas están sufriendo muchísimo”. En su propuesta, Navarro abogó por una modificación de “la estructura de beneficios y que la rentabilidad no recaiga solo en el medicamento con receta. Somos conscientes de que en las farmacias rurales, un alto porcentaje de las ventas son con receta y no tienen acceso a otro tipo de venta libre, que sí tienen las farmacias urbanas y a las que han recurrido para sobrevivir a la situación de crisis”.

José Ignacio Echániz Salgado, Secretario Ejecutivo de Sanidad en el PP, apostó en su intervención por una defensa del modelo de farmacia vigente, aunque reconoció de la necesidad de tomar medidas que “impulsen la farmacia rural desde un punto de vista legislativo, así como de mejorar los instrumentos que nos permitan conservar uno de los elementos más importantes de nuestro Sistema Nacional de Salud”.

Un servicio regulado por el Estado

El presidente de SEFAR recordó que el estado es el que regula el servicio de farmacia “con el fin de garantizar una prestación universal a toda la población con independencia de donde ésta viva”, y sin embargo, la regulación parece no estar resultando satisfactoria.

Al hilo de esta reflexión, José Andrés Llamas, Secretario de Salud de IU en Madrid, se llevó el debate al terreno internacional, defendiendo que “existe una incongruencia, porque por un lado se defiende el actual sistema regulado, pero por otro lado, estos partidos (en referencia a PP, PSOE y Ciudadanos) aceptan el secreto de las negociaciones del Tratado del Libre Comercio (TTIP) con Estados Unidos, donde el sistema de farmacia tiene una regulación completamente diferente a la de España”.

Respecto a las consideraciones sobre el gasto farmacéutico, Llamas contempló la necesidad de hacer un diagnóstico para definir “qué unidades financiamos, cuáles dejamos de financiar y cuáles son las que intervienen realmente en el incremento del gasto farmacéutico, de tal modo que si aplicamos las medidas a partir de un correcto diagnóstico de la situación, evitaríamos las consecuencias indeseadas que luego se dan en ámbitos concretos del sistema como las farmacias rurales”.

Un modelo más allá del mercantilismo

La propuesta de Ana Castaño Romero, responsable de Sanidad en Podemos, apostó por la implantación de un nuevo modelo de redistribución y de una serie de mecanismos que determinen qué otros servicios sanitarios puedan entrar a formar parte de la oferta de la oficina de farmacia, “para que no dependiera exclusivamente de la cuestión mercantil, de lo que venda o no venda”.

Para la portavoz de Podemos, “es un buen momento para empezar a debatir sobre la prestación sociosanitaria y comunitaria que puede ofrecer la farmacia y que, desde la farmacia rural, sería el modo de empezar a poner en marcha esta nueva redistribución”.